Temas de Justicia - Por Julio Conte-Grand
Instituciones y violencia por razones de género
El fortalecimiento institucional persigue fines
individuales y colectivos entre los que se destacan el aseguramiento del respeto
irrestricto de la dignidad de la persona y, por tanto, la protección del
sistema de derechos humanos.
En este sentido, el caso de las personas en
situación de vulnerabilidad en el marco del sistema de justicia en general, y
de género en particular, exige la incorporación de estas temáticas medulares en
todo proyecto institucional, a partir de una política de gestión
especializada, que contemple la complejidad, especificidad y carácter estructural
de este tipo de violencias.
Este
proyecto se cimienta esencialmente en cuatro ejes:
-
la información estadística pormenorizada de tan complejo fenómeno, tanto para
la formulación de los diseños de gestión como para el seguimiento de las
estrategias implementadas.
-
la especialización de los operadores, y de los procesos de trabajo, dado el
enfoque contextual e interseccional que requiere el abordaje de estos casos; y
que exigen de los agentes judiciales una mirada diferencial, una mirada no
estereotipada de los involucrados, que es lo que conocemos como perspectiva de
género.
-
las acciones concretas para el acceso a la justicia de mujeres y niñas, que
debe ser inmediato, oportuno y especializado, desde el momento en que el hecho
de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades, es decir desde la
radicación misma de la denuncia.
-
la capacitación permanente de los operadores, con el objetivo de incorporar la
perspectiva de género de manera que exceda la sola dimensión hermenéutica.
Según
la evaluación de la realidad de la totalidad de la criminalidad, la cantidad de
casos, la cantidad y perfiles de los operadores y agentes, la extensión y
distribución territorial de las dependencias de la organización, y recursos
materiales disponibles, entre otras, se adoptan en los Ministerios Públicos diversas
estrategias para el abordaje de estas violencias, mediante distintos diseños de
gestión: Fiscalías tematizadas, ayudantías, secretarías de género, dispositivos
interdisciplinarios, Defensorías y Asesorías especializadas, referentes en la
materia, que tienen conocimientos técnicos específicos sobre la temática y
competencia limitada o exclusiva a estos hechos.
Esta
labor en general cuenta con el complemento técnico que podría ilustrarse como de
valoración forense y de apoyo a la investigación, peritos especializados que
generalmente se desempeñan dentro de los centros y oficinas de asistencia a la víctima
o en los propios órganos tematizados, y que proveen informes técnicos y en
muchos casos asistencia a las personas víctimas, y que contribuyen a una
intervención más eficiente tanto para su protección y acompañamiento, como para
la investigación propiamente dicha.
La
otra forma de especialización que suele implementarse en forma concomitante con
los órganos tematizados es la de los procesos de trabajos especializados, que
consiste en establecer prácticas operativas eficientes adaptadas
específicamente a las particularidades de este tipo de problemática, y que se
cumplen en todos los ámbitos territoriales y son aplicables a todos los diseños
y estrategias de intervención.
Los
delitos por razones de género e intrafamiliares conllevan dificultades
probatorias y de protección de las víctimas, ya que muchas veces ocurren entre
cuatro paredes, entre personas que generalmente comparten el domicilio, en
relaciones en las que predomina el silencio y el miedo, entre una víctima y un
agresor unidos por un vínculo afectivo, pareja, ascendiente o descendiente, lo
que implica una percepción distinta de los involucrados en la conflictiva, y en
muchos casos deriva en una posterior retractación tras la radicación de la
denuncia por motivos diversos.
Teniendo
en cuenta esta realidad, una iniciativa que puede adoptarse es la utilización
de un formulario único de denuncias
especializado para casos de violencia familiar y de género, elaborado y
diseñado como un instrumento especializado, que mejora y facilita el trabajo de
los casos de violencia por razones de género e intrafamiliar, porque la idea es
que aporte mucha más información esencial del caso que las denuncias
tradicionales, de modo que en las Fiscalías, Juzgados, Asesorías y demás órganos intervinientes puedan tomarse
decisiones adecuadas procurando que, en la medida de lo posible, no sea
necesario hacer un segundo llamado
inmediato a la persona víctima en la necesidad de aclarar o ampliar ciertos
puntos, o bien quedándose en el agente interviniente en el desconocimiento de
ciertos datos relevantes del caso que hubieran determinado una intervención distinta.
Este formulario habrá de ser objeto de permanente revisión con miras a su
optimización y ajuste a la dinámica propia de esta materia.
Un
aspecto de máxima utilidad a incorporar en el formulario de denuncia es una escala de predicción de riesgo de violencia
grave contra la pareja.
Porque
muchas veces, tanto cuando se denuncian hechos gravísimos como otros que a
priori por el relato de la persona víctima no revisten en principio tal
calidad pueden darse en el caso, en su contexto general, factores o parámetros
objetivos de riesgo que por su configuración puntual, generen una probabilidad
determinada de que el evento se repita y escale en gravedad.
Tal
vez son más las particularidades del contexto que el propio hecho denunciado en
la oportunidad, lo que indica que la víctima se encuentra en peligro; y
entonces es fundamental que tales factores de riesgo estén plasmados en la
denuncia inicial, para lo cual es necesario que se pregunte expresamente sobre
ellos, de modo de dar a los funcionarios y los cuerpos técnicos o profesionales
especializados que intervengan en el caso, un panorama inicial orientativo para
una correcta ponderación inmediata del caso.
La
evaluación de riesgo constituye entonces un proceso de reunión de información
sobre personas dirigido a la toma de decisiones en materia de seguridad en
función del riesgo de que se vuelva a producir un acto violento.
Estrechamente
relacionado con ello resulta fundamental propender al logro de una mejor y más ágil interrelación entre el fuero
penal y el de familia en los que se ventilan y abordan muchas veces distintas
aristas del mismo conflicto.
Otras
modalidades de trabajo muy importantes que se consideran en el contexto de una
política institucional de tutela de la situación de vulnerabilidad son el
requerimiento de los testimonios en
Cámara Gesell de los niños, niñas y adolescentes por un psicólogo
especializado bajo la dirección de la Fiscalía, y, asimismo, el abordaje diferencial del escenario del
hecho para localizar e identificar los elementos asociados a la violencia por
razones de género tanto en los casos de femicidio como de violencia doméstica.
En suma, actividades que configuran un modelo
institucional orientado a la defensa del sistema de derechos humanos en su
conjunto.
(*) Procurador General de la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
Fuente: Publicado en Nuevo Mundo, edición
1124 del 4 de abril de 2025
