
La
historia provincial registra sólo dos antecedentes de llamados a consulta
popular en el marco de una revocatoria para destituir a un intendente.
El
primero de los casos se produjo en el 29 de agosto de 1993. Ese día los
habitantes del departamento
Calingasta participaron en una consulta popular en el marco de una
revocatoria que le costó el cargo al entonces intendente justicialista Oreste
Merino. Había asumido el 11 de agosto de 1991 con mandato hasta 1995.
El
motivo fue “mala administración del municipio y falta de iniciativa para
fomentar la producción y el trabajo”.
El
pedido había sido impulsado por vecinos y concejales, que le achacaban al jefe
comunal mala administración de las finanzas comunales y la falta de iniciativas
para fomentar la producción y los puestos de trabajo.
El
segundo caso fue en Caucete. Donde
el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Mendoza, entonces
intendente de Caucete tuvo que sortear un pedido de destitución en su contra en
2002. Lo habían acusado de irregularidades y de desorden administrativo y
contable en la comuna, manejo ilegal de los fondos públicos y malversación de
los recursos. Pero en la consulta popular del 8 de diciembre del 2002, Mendoza
obtuvo el 55,97 por ciento de respaldo y pudo continuar en el cargo. Después de
este traspié nunca volvió a ganar las elecciones.
Fuente: Publicado
en Nuevo
Mundo, edición 1237 del 18 de septiembre de 2025
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